El activismo por el derecho a decidir en Argentina

Blog de Isabel Pérez Witzke*

Si haces incidencia política por el derecho a decidir, estoy segura de que sentiste que el 2018 fue como una montaña rusa: en Irlanda se llevó a cabo un referéndum para poner fin a las restricciones de abortos, en Argentina casi se aprueba una ley que buscaba facilitar el acceso a servicios de aborto seguros, accesibles y legales, en El Salvador se redujo las penas de 2 mujeres que tenían penas de prisión extremas por abortos inducidos, Chipre reformó su legislación sobre el aborto, Nueva Zelanda y Macedonia anunciaron reformas a sus leyes sobre abortos. Fue un año emocionante y sabemos que todavía quedaba mucho por hacer, y que nuestro trabajo y persistencia todavía era necesario.

Este año, con la pandemia del coronavirus, también estamos experimentando muchas emociones y conflictos y, a pesar de que muchas personas seguimos viviendo los cierres nacionales de emergencia, la cuarentena y el distanciamiento físico obligatorios, países como Reino Unido, Irlanda y Francia reconocieron el valor de los servicios de telemedicina para el acceso al aborto seguro. En estos países, las mujeres y personas embarazadas por fin pudieron tener acceso legal a los medicamentos para interrumpir sus embarazos de manera segura en sus hogares, sin necesidad de ir a una clínica o a un centro de salud durante el proceso.

Sin embargo, en países donde los cuidados y servicios de aborto seguros son restringidos o criminalizados, las personas que los necesitan se han visto más inclinadas a buscar la atención y el apoyo de acompañantes y doulas que se organizan voluntariamente para brindar la información que muchos Estados siguen negando. En Ecuador y Argentina han habido incrementos notables en la cantidad de llamadas que reciben las líneas de ayuda que proveen información de manera gratuita sobre salud sexual y salud reproductiva y sobre las evidencias de la Organización Mundial de la Salud para la práctica de un aborto seguro y eficaz.

Asimismo, instituciones de salud y activistas por el derecho a decidir se siguen movilizando para asegurar que las mujeres y personas embarazadas tengan acceso a información y a servicios seguros. Por ejemplo, en Argentina, la Coordinación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia y la Dirección Nacional de salud Sexual y Salud Reproductiva indicaron que los cuidados y servicios de salud reproductiva y aborto son esenciales, un laboratorio público empezó a producir misoprostol y está a la espera de su distribución a nivel nacional y la Legislatura de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires aprobó la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. 

Quiero dedicarle esta publicación a la marea verde argentina porque han mostrado mucha paciencia, resiliencia y habilidad para asegurar estos logros. Después de la séptima discusión legislativa sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, finalmente hubo una respuesta positiva por parte del Congreso en 2018 y, aunque finalmente el Senado lo haya rechazado, la marea verde está muy segura de que estamos cada vez más acercándonos a la descriminalización el aborto y a un contexto seguro para la provisión de servicios de salud basados en evidencias que cuenten con los recursos adecuados para el ejercicio de la autonomía reproductiva.

Este momento en la historia argentina feminista fue posible gracias a lo siguiente:

Una campaña comprometida y persistente por el derecho a decidir:

El período postdictatorial en Argentina representó una ventana de oportunidad para promover discusiones importantes sobre los derechos humanos y las organizaciones feministas fueron agentes cruciales para ello. Durante la conmemoración del día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo de 1984, las agrupaciones y activistas feministas manifestaron que necesitamos que nuestra autonomía reproductiva y nuestra seguridad fuesen prioridad. El eslogan “No queremos abortar. No queremos morir” fue una clara representación de ello y las calles lo escucharon porque fue un sentimiento que nació en los espacios íntimos de la sociedad civil y se va a quedar así hasta que finalmente ya no hayan muertes por abortos inseguros.

Más adelante, en 1990 se formó una Comisión por el Derecho al Aborto y en 1992 se presentó al Congreso de la Nación el primer proyecto preliminar sobre anticoncepción y aborto. Este proyecto, que recibió un gran apoyo de parte de la sociedad civil organizada, incluía lo necesario: suministros de alta calidad para la prevención de embarazos, disponibilidad de anticoncepción a largo plazo, servicios integrales y amigables de salud sexual y salud reproductiva, acceso al aborto seguro. 

Para el 2005 ya quedó finalmente establecida la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que coordinó esfuerzos, estrategias y recursos para facilitar la participación política de las personas que querían avanzar en materia de justicia reproductiva. Hasta el día de hoy, existen más de 400 organizaciones aliadas y unidas a la campaña que acompañaron la presentación de los proyectos en 2007, 2010, 2012, 2014 y 2018. Estas también pudieron influenciar importantes procesos como el fallo F.A.L en 2012, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció públicamente una concepción integral y amplia de la salud y donde se determinaron condiciones para el aborto no punible.

Una silenciosa e insistente oposición:

El conservadurismo religioso y la falta de representación en el Senado argentino fueron las dos principales razones por las que el proyecto de ley se rechazó. Grupos conservadores aliados y alineados a la Iglesia Católica han estado presentes desde antes de que empezaran las discusiones sobre el aborto, la educación sexual integral y el matrimonio igualitario. De hecho, para 1920-1940, la Iglesia Católica promovió fuertemente la relación entre el trabajo y la fe cristiana. Por eso Argentina vio el crecimiento de grupos católicos de abogades, doctores y más, que no perdieron tiempo en aceptar y promover la agenda anti-abortion y anti-derechos del vaticano para 1970-1980.

A través de programas nacionales de radio, de televisión y de programas de asistencialismo para mujeres y personas embarazadas, estos grupos han promovido sus valores y la fe cristiana para impedir que ocurriesen cambios en la legislación que garantizaran el derecho a decidir. Se enfocaron en mostrar cómo la fe cristiana y el derecho a decidir eran contradictorios (aunque nada más alejado de la realidad, Católicas por el Derecho a Decidir son un vivo ejemplo de esto). 

Por otro lado, es improtante destacar cómo estos grupos cuentan con un apoyo importante internacional. Una investigación de The Guardian mostró cómo Human Life International (HLI), una organización de los Estados Unidos, ha distribuido millones de dólares en América Latina y el Caribe para fortalecer las capacidades de grupos y organizaciones anti-derechos. En 2018, HLI otorgó 1.853.375 USD a sus programas internacionales que tenían las siguientes temáticas: anticoncepción, aborto, matrimonio, tecnologías reproductivas y eutanasia; y tuvieron a un representante de país (Oscar Botta) presentando una declaración en el Congreso de la Nación en 2018, cuando se discutió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Han influido en la agenda y debate público sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de manera irresponsable porque no existen evidencias sobre cómo sus recursos y estrategias han realmente transformado y mejorado la calidad de vida de estas personas en vulnerabilidad. No han podido demostrar que sus acciones previenen las miles de muertes de mujeres y personas embarazadas o cómo disminuyen las tasas de embarazos no deseados. Así como tampoco han mejorado el sistema legal de adopciones, que tanto promueven como alternativa a la interrupción del embarazo.

Las restricciones que siguen promoviendo son las responsables de las 3.000 muertes que Argentina ha visto desde 1983 debido a abortos inseguros y es por esto que, después de 8 años, la marea verde solo se hace más fuerte y densa. No tenemos miedo de tener estas discusiones y el hecho de que la votación en el Senado haya tenido tan poca diferencia (31 personas a favor, 38 en contra) es el fruto de un camino muy largo e importante que la marea verde ha recorrido.

*Isabel Pérez Witzke es una joven migrante venezolana, activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos.